En diciembre de 2019, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo No. 05 de 2019, con el propósito de modificar el artículo 361 de la Constitución Política.
Las autoridades deben ejercer mayor control sobre las actividades irregulares de minería, que causan graves daños a los yacimientos y al medio ambiente, pero la experiencia ha mostrado que llevar a la legalidad a alguien que no estaba en ella, no es tarea fácil.
En esta oportunidad, quiero comentar sobre la consideración del principio de precaución como el sustento para la adopción de una medida cautelar. Ha sido especialmente difícil el entendimiento del contenido y alcance de los principios de precaución y prevención en el país. El uso excesivo e inadecuado de los mismos, ha sido una constante tanto en el ámbito administrativo, como en el judicial.
La decisión del H. Consejo de Estado de ordenar la suspensión provisional como medida cautelar, fundamentada en la aplicación del principio de precaución de orden ambiental, en el proceso de nulidad simple (radicación 57.819) contra el Decreto No. 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución No. 90341 del 27 de marzo de 2014, relativos al empleo de la técnica del fracking en la producción de hidrocarburos, puede considerarse cuando menos inesperada.
En días pasados leímos en la prensa la noticia sobre la respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil a una solicitud de un municipio que pedía los recursos necesarios para llevar a cabo, el fin de semana anterior, una consulta popular contra el desarrollo de proyectos petroleros en su jurisdicción.
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