Biblioteca de artículos

Con expectativa avanza proyecto de reforma a las CAR

24 de julio de 2020

Para nadie es un secreto que la mayoría de las Corporaciones Autónomas Regionales se han convertido en nidos de corrupción y en fortines de politiquería y que, a su vez, a pesar de manejar un presupuesto bastante generoso, no generan los resultados esperados, por no estar dirigidas a ejecutar las actividades y programas de protección ambiental y manejo adecuado de los recursos naturales renovables, para lo cual fueron creadas.

Necesario Reconocimiento​

21 de febrero de 2020

En diciembre de 2019, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo No. 05 de 2019, con el propósito de modificar el artículo 361 de la Constitución Política.

Era Cero Papel

28 de noviembre de 2019

Muy importantes medidas ha tomado el Gobierno Nacional para encaminar la gestión pública hacia la era del “Cero Papel” que son de interés para el sector minero-energético:

Fiscalización minera en el PND

09 de mayo de 2019

Las autoridades deben ejercer mayor control sobre las actividades irregulares de minería, que causan graves daños a los yacimientos y al medio ambiente, pero la experiencia ha mostrado que llevar a la legalidad a alguien que no estaba en ella, no es tarea fácil.

Medidas cautelares y principio de precaución (1)

22 de noviembre de 2018

La decisión del H. Consejo de Estado de ordenar la suspensión provisional como medida cautelar, fundamentada en la aplicación del principio de precaución de orden ambiental, en el proceso de nulidad simple (radicación 57.819) contra el Decreto No. 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución No. 90341 del 27 de marzo de 2014, relativos al empleo de la técnica del fracking en la producción de hidrocarburos, puede considerarse cuando menos inesperada.

Medidas cautelares y principio de precaución (2)

06 de diciembre de 2018

En esta oportunidad, quiero comentar sobre la consideración del principio de precaución como el sustento para la adopción de una medida cautelar. Ha sido especialmente difícil el entendimiento del contenido y alcance de los principios de precaución y prevención en el país. El uso excesivo e inadecuado de los mismos, ha sido una constante tanto en el ámbito administrativo, como en el judicial.

¿Quién debe pagar?

26 de octubre de 2017

En días pasados leímos en la prensa la noticia sobre la respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil a una solicitud de un municipio que pedía los recursos necesarios para llevar a cabo, el fin de semana anterior, una consulta popular contra el desarrollo de proyectos petroleros en su jurisdicción.

Activismo Judicial

1 de febrero de 2018

A pesar de lo que afirman algunos en cuanto a que la Corte Constitucional con sus recientes pronunciamientos ha definido el asunto de la competencia a favor de los municipios, para prohibir la minería, es claro que no se puede llegar a tal conclusión. Las lecturas que es posible hacer de tales decisiones son tan diversas, que permiten sustentar posiciones distintas e incluso contrarias. De esas opiniones las más críticas señalan incluso que la Corte Constitucional en Colombia, hace activismo judicial.

Nuevas reglas para la pequeña minería

11 de agosto de 2017

El paro minero que se llevó a cabo en los municipios mineros de Antioquia, donde abunda la minería tradicional, llama la atención por la necesidad de soluciones prácticas a esta problemática social. Los mineros se quejan porque dicen que el Estado les persigue como si fueran criminales, por la creación además del Registro Único de Comercializadores de Minerales – que limita la compra de productos del subsuelo de quienes tengan título minero y porque les quiere prohibir el uso de mercurio como un elemento básico para el tipo de producción que hacen. Consideran además que hacerles exigible el cumplimiento de las normas legales y técnicas vigentes, es prácticamente sacarlos del mercado por la dificultad que dicen tener para atenderlas.

Consulta Previa

9 de agosto de 2018

Fuerte polémica causó, la expedición el 6 de agosto pasado, del Decreto relativo a la denominada “Línea Negra” por parte del señor expresidente Santos, para en sus palabras garantizar los derechos de acceso a sus sitios sagrados, de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. El presidente de la Andi al respecto opinó que “preocupa muchísimo que con la Constitución del 91 nos hemos vuelto muy buenos para la defensa de las minorías y muy malos para la defensa de las mayorías. Entonces, casi que cualquier cosa que tiene que ver con las minorías, que por supuesto tienen que defenderse, prevalece sobre las mayorías, y ahí tenemos un error de interpretación constitucional muy grande que nos está conduciendo a una gran cantidad de problemas”.