{"id":9321,"date":"2018-08-25T08:00:23","date_gmt":"2018-08-25T13:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/martinezcordoba.anaduquepublicidad.com\/?p=9321"},"modified":"2020-08-13T17:42:27","modified_gmt":"2020-08-13T22:42:27","slug":"consultas-populares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/martinezcordoba.com.co\/en\/consultas-populares\/","title":{"rendered":"Consultas Populares"},"content":{"rendered":"\n

Autor:<\/strong>\u00a0Adriana Mart\u00ednez Villegas<\/p>\n\n\n\n

Fecha de Publicaci\u00f3n:<\/strong> 25 de Octubre de 2018<\/p>\n\n\n\n

Publicado por:<\/strong>\u00a0Asuntos: Legales<\/p>\n\n\n\n

Ver publicaci\u00f3n<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Gran revuelo ha causado la reciente sentencia SU-095 de 2018 de la H. Corte Constitucional, dado que estableci\u00f3 las reglas claras respecto del funcionamiento de las consultas populares en las industrias minera y petrolera. De manera equivocada se ha dicho que la Corte limit\u00f3 las competencias de los municipios y que neg\u00f3 el derecho de las comunidades a participar en temas que son de su inter\u00e9s. Nada m\u00e1s alejado de la realidad. Es evidente que hay un nuevo entendimiento de los principios de Estado Unitario y Autonom\u00eda Territorial y que la Corte en su sabidur\u00eda ha explicado esta vez, con suficiente claridad, c\u00f3mo se evita una tensi\u00f3n entre estos dos principios constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

Regresa la jurisprudencia sobre la necesidad de implementar los principios de coordinaci\u00f3n, concurrencia y subsidiaridad para el adecuado logro de los fines del Estado. Las entidades a nivel nacional y local, deben trabajar de forma que no se interfieran mutuamente en el ejercicio de sus respectivas competencias, y sin usurpar tampoco las competencias del otro que no le son propias. En materia de participaci\u00f3n del ciudadano, insta para crear mecanismos adecuados en los procedimientos administrativos, que garanticen que las personas puedan participar, pero fija unos criterios m\u00ednimos a tener en cuenta. Tales criterios son: coordinaci\u00f3n y concurrencia Naci\u00f3n-territorio; inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n del subsuelo; diferencialidad y gradualidad; enfoque territorial; legitimidad y representatividad; informaci\u00f3n previa, permanente y transparente, clara y suficiente y, desarrollo sostenible; di\u00e1logo, comunicaci\u00f3n y confianza; respeto, protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos humanos; buena fe; coordinaci\u00f3n y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial y, la sostenibilidad fiscal.<\/p>\n\n\n\n

De estos criterios merece especial menci\u00f3n la inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de subsuelo, lo que significa que ni a trav\u00e9s de la competencia para ordenar el territorio, ni del ejercicio del derecho a participar de las comunidades, se puede tener como consecuencia jur\u00eddica la imposibilidad de llevar a cabo actividades mineras o petroleras. Sin embargo, ello no implica tampoco que la Naci\u00f3n pueda desconocer las prioridades o necesidades del territorio, ni el derecho de las comunidades a ser o\u00eddas, cuando se decide respecto de los proyectos de las industrias extractivas.<\/p>\n\n\n\n

Por supuesto, tambi\u00e9n deben destacarse los criterios del desarrollo sostenible y la sostenibilidad fiscal porque de ello se trata el inter\u00e9s nacional que justifica la necesidad de llevar a cabo esas actividades en el territorio. La urgencia de la renta que producen las citadas industrias para acometer los fines del Estado relacionados con la satisfacci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas de la poblaci\u00f3n y con el fortalecimiento econ\u00f3mico y social del pa\u00eds, sumado a los beneficios que trae poder autoabastecerse de los recursos energ\u00e9ticos para el crecimiento econ\u00f3mico y de las materias primas para la industria nacional que las emplea en m\u00faltiples procesos, son razones suficientes para entender el por qu\u00e9 de la decisi\u00f3n. Igualmente, se debe garantizar que la obra p\u00fablica no sufra de problemas de disponibilidad de los materiales de construcci\u00f3n indispensables, a fin de contar con infraestructura adecuada para un pa\u00eds que busca mejorar su desempe\u00f1o en los distintos frentes. Es pues una decisi\u00f3n que arroja las luces necesarias para terminar de una vez, con una excesiva judicializaci\u00f3n de un problema de coordinaci\u00f3n y di\u00e1logo, que estaba poniendo en riesgo el futuro de la miner\u00eda y los hidrocarburos.<\/p>\n<\/body>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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